Institucionalidad, entre el deber ser y el uso del poder | Por Ing. David San Román

Institucionalidad: concepto difícil de explicar, aunque crucial de comenzar a practicar. Sobre todo en Estados débiles que resaltan más por la utilería y las puestas en escena -a costa de propaganda y redes sociales- que por su solvencia operativa y solidez en sus resultados. La provincia de Salta y sus municipios presentan la falta de institucionalidad como una anomalía orgánica arraigada en su cultura, consolidada durante décadas por hábitos cuyos vicios hoy quedan “buenamente justificados” bajo la figura de los usos y costumbres.

En el ámbito público, la institucionalidad está íntimamente ligada a la función pública y, por lo tanto, al funcionario y al empleado público. Tiene que ver con los roles, el sentido de la responsabilidad y las obligaciones que el Estado asume frente al ciudadano.

Yendo a lo práctico, institucionalidad es que cada organismo público cumpla la misión para la cual fue creado. Ese principio alcanza de manera directa a quienes lo integran y exige reglamentaciones adecuadas, capacitación y cumplimiento de las leyes y de la Constitución. Funcionarios y empleados públicos deben su actuación a normas y procedimientos. Solo así cada organismo justifica su existencia.

Puede parecer una explicación elemental. Sin embargo, basta compararla con la realidad salteña para advertir el contraste: artículos de la Constitución sujetos a interpretaciones convenientes, cuestionados nombramientos de jueces, una Legislatura subordinada al Poder Ejecutivo, concejos deliberantes dependientes de los ejecutivos municipales, organismos que no rinden cuentas y funcionarios que ignoran pedidos de informes.

Estas distorsiones -generalmente intencionales- favorecen el amiguismo, el clientelismo político, las prebendas, los negociados y la perpetuación del poder. También constituyen una coraza que protege a funcionarios en ejercicio y retirados, debilitando la capacidad del Estado y de la sociedad para investigar y exigir responsabilidades. El resultado es un deterioro de la eficiencia y la eficacia con que se prestan los servicios públicos.

La provincia de Salta debe elevar sus niveles de eficiencia y productividad e incorporar prácticas de planificación, ejecución y control acordes con la dinámica y los estándares del siglo XXI. Para lograrlo, es indispensable volver a las bases y ordenar el funcionamiento del Estado desde adentro. Solo así podrá aprovechar mejor sus recursos, fortalecer su tejido social y superar décadas de estancamiento.

Fuente: Diario La Nación

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